Dr. Gustavo Reviglio.Opinión: La Ley de Reiterancia es demagogia punitiva.Viola la Constitución y los Tratados.No entienden que sin condena , no hay delito.

Dr. Gustavo Reviglio.Opinión: La Ley de Reiterancia es demagogia punitiva.Viola la Constitución y los Tratados.No entienden que sin condena , no hay delito.

Dr Gustavo Reviglio 

 

Opinión 

 

Se aprobó en San Luis, la Ley de Reiterancia.

 

En resumen, la realidad que se impuso, lamentablemente, como el fin de la “puerta giratoria” tiene pocas chances tiene de prevenir delitos, se trata Demagogia punitiva.

 

Algunas cuestiones constitucionales y convencionales.

 

En términos normativos, la nueva norma sigue y va a tener problemas serios en materia constitucional.

 

Si bien al principio la intención era plantear a la reiterancia delictiva como un peligro procesal autónomo respecto de los dos que existían hasta ahora, y terminó integrándose como un criterio a ser tenido en cuenta para evaluar el peligro de fuga, es la primera vez que se incorpora en nuestro Código Procesal una figura que asume que constituye un peligro procesal el hecho de tener procesos anteriores abiertos sin condena, nos enfrenta con el principio de inocencia y con el derecho penal de acto.

 

 

 

Para empezar, hablar de “reiterancia delictiva” no es correcto, toda vez que no puede haber delito si no hay condena. En todo caso, habrá una sospecha razonable sobre la existencia y la imputabilidad de un hecho, pero no hay una certeza.

 

Afirmar que una persona puede llegar a intentar fugarse porque tiene procesos anteriores abiertos, sin poder afirmar que se han cometido delitos, es una forma de poner el foco en quién es la persona y no en qué hizo.

 

Derecho penal de autor en vez de derecho penal de acto.

 

 

 

Múltiples son los fallos que establecen que la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio que nunca puede aplicarse sobre la base de presunciones, sino sólo sobre la existencia de verdaderos peligros procesales. En el plenario Díaz Bessone de la Cámara de Casación Penal, por ejemplo, los jueces interpretaron que el monto de la pena en expectativa no es por sí mismo motivo suficiente para determinar el peligro de fuga. Es decir, ningún tipo de presunción que admita prueba en contrario alcanza para impedir la libertad del sujeto, y ¿qué es un proceso anterior sin condena sino una presunción?. Una presunción, además, de las “características delictivas” de una persona, que nada tienen que ver con una evaluación objetiva de los riesgos procesales del nuevo proceso penal.

 

 

 

La naturaleza cautelar de la prisión preventiva también fue reafirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Bayarri Vs. Argentina, Romero Feris Vs. Argentina, Palamara Iribarne Vs. Chile, Acosta Calderón Vs. Ecuador, entre muchos otros.

 

En Romero Feris, por ejemplo, la CIDH afirma que la prisión preventiva sólo tiene como finalidades legítimas evitar el peligro de fuga y los riesgos procesales, y sobre la forma de acreditar los mismos dice “la Corte tiene en cuenta los desarrollos que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con la forma en la que se debe acreditar los elementos que son constitutivos de las finalidades legítimas. En particular este ha sostenido que “[e]l peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer. Debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes, vínculos familiares y todo tipo de vínculos con el país en el que está siendo procesado. 

 

También ha afirmado que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada de los procedimientos no se puede inferir in abstracto, tieane que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla” (párr. 105)

 

 

 

Cabe destacar que en ninguno de estos fallos, la existencia de procesos previos sin condena firme existe como presupuesto para la aplicación de una medida cautelar como la prisión preventiva. No podría existir, toda vez que no puede la mera existencia de un proceso penal abierto constituir una certeza objetiva ni de que hubo delitos anteriores, ni de que la existencia de delitos anteriores generaría por sí misma el peligro procesal en el proceso en cuestión.

 

 

 

Incluso, la interacción entre procesos penales está dada solamente sobre cuestiones de fondo. Por ejemplo, en la declaración de reincidencia. Pero no existen antecedentes en los que los procesos penales se afecten mutuamente respecto de medidas con finalidades exclusivamente procesales.

 

 

 

Podemos concluir, entonces, que la nueva normativa se da de patadas con el art. 18 de la Constitución Nacional y con el art. 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por nombrar algunos.

 

 

 

Sin efectividades conducentes para la prevención del delito, y con problemas constitucionales, estamos frente a un antecedente legislativo que sólo puede entenderse en el marco de una forma demagógica de pensar la política criminal, anunciando soluciones que no son tales y que encima colocan a la Ciudad de Buenos Aires a San Luis o a Mendoza , por fuera de los parámetros internacionales en materia de derechos fundamentales como el derecho a la libertad y el principio de inocencia. 

 

Sin condena , no hay delito, pero los Legisladores de San Luis no lo entendieron nunca , burdamente, porque el Dr Alessandro, en representación de los Colegios de Abogados, se los dijo .