INCENTIVOS FISCALES PARA FOMENTAR INVERSIONES

El proyecto de Ley de Fomento a las Inversiones ya ingresó a la Cámara de Senadores para su evaluación y tratamiento, y es una apuesta del gobierno provincial que, a través del Ministerio de Producción, busca generar las condiciones favorables para la radicación, expansión y perfeccionamiento de las empresas, otorgando un régimen de incentivos fiscales en los impuestos provinciales, según se destaca en sus fundamentos.

“Esta iniciativa es una respuesta a todo lo que surgió durante el Consejo Económico y Social realizado el año pasado, donde se escucharon a los industriales, Pymes y comerciantes. A partir de las conclusiones alcanzadas en estos encuentros se empezó a trabajar en este proyecto de ley”, expresó Ana Vinuesa, jefa del Programa Industria, Agroindustria y Comercio.

La funcionaria evaluó que esto viene acompañado de la reactivación económica que registra la provincia luego de haber escuchado al sector: “La provincia de San Luis se particulariza por estar siempre a la vanguardia y tener presente a los industriales y al sector privado, porque sabemos que es un gran generador de empleo”.

“Nuestro foco hoy está puesto en la generación y mantenimiento de empleo y desde 1983 hasta ahora siempre hubo leyes, programas y políticas que han ido acompañando el desarrollo tanto de las industrias radicadas en San Luis, como aquellas que quieran hacerlo”, dijo.

Vinuesa destacó, además, que este nuevo proyecto de ley es totalmente superador de lo que está vigente hoy, que solo exime del pago de Ingresos Brutos.

Detalles

Se plantean mecanismos para equilibrar los factores de decisión que permitan orientar las inversiones a los distintos departamentos y así fortalecer la integración de distintas áreas geográficas, estableciendo beneficios diferenciados, según la locación de las inversiones.

Este proyecto establece beneficios también para los inversores, socios y/o accionistas de empresas a radicarse mediante el otorgamiento de crédito fiscal utilizable para cancelar impuestos provinciales en porcentajes que varían entre el 50% y el 100% de la inversión, de acuerdo a la localización del proyecto.

El proyecto también se reserva un trato diferente entre grandes y pequeñas inversiones. Asimismo, con el propósito de favorecer a las zonas más desprotegidas, se establecen límites de beneficios fiscales que se relacionan con las inversiones realizadas, diferenciándose las condiciones conforme sea la zona de localización del proyecto.

La propuesta incorpora tres aspectos novedosos en la legislación de incentivos fiscales:

-La posibilidad de readecuar el proyecto de inversión, motivada, por ejemplo, por la modificación en su objeto debido a cambios de políticas de la empresa, de preferencias de los mercados u otras externalidades.

– Poder solicitar la suspensión de los beneficios oportunamente adquiridos, hasta por dos años.

-Permitir la desvinculación del proyecto de inversión respecto de las obligaciones emergentes, para evitar males mayores en su ejecución.

Para facilitar la sustentabilidad de los proyectos y su aprovechamiento en los ciclos expansivos, el proyecto de Ley prevé extender el plazo de los beneficios en los casos de reinversión de utilidades, lo que permitirá mejorar los resultados de las empresas en los ciclos expansivos.

Además, introduce una herramienta innovadora vinculada al comercio exterior, al establecer incentivos específicos a las exportaciones de productos puntanos, que se realicen desde San Luis mediante reintegros del llamado IVA Compras contenidos en las operaciones, beneficio que las exportadoras sumarán al recupero de este impuesto. De este modo se refuerza la política de insertar productos de San Luis al mundo.

El proyecto de Ley contiene, además, obligaciones de inversión, de producción, de fecha de puesta en marcha y de mantenimiento de personal en relación de dependencia, incorporando el parámetro del Indicador Mínimo de Trabajadores establecido por la Ley N°26.063 para poder aplicar en la medición de las obligaciones de empleo.

La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Producción que, junto a otros representantes estatales, formará una Comisión Evaluadora multidisciplinaria. Será considerada la normativa provincial y nacional en materia de preservación del ambiente y de los recursos naturales para la evaluación y control de los proyectos, promoviendo la incorporación de la perspectiva de género mediante un incremento en el porcentaje de las exenciones.

Se establecen facilidades para acceder a los terrenos fiscales. Se pone a disposición de los inversores alternativas suficientes para contar con terrenos, con o sin mejoras o edificaciones, sea en propiedad, o bajo la suscripción de contratos de locación, o leasing, incluso otorgando en concesión temporal bienes inmuebles pertenecientes al dominio privado del Estado Provincial.

El proyecto establece como plazo límite el 31 de diciembre de 2023 para la presentación de proyectos, el cual puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo.