Roald Cattáneo: “El fallo viola la división de poderes”

Roald Cattáneo: “El fallo viola la división de poderes”

El fiscal de Estado, Roald Cattáneo, adelantó que recurrirán el fallo de la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, que ordenó al Ejecutivo suspender licitaciones, contrataciones y adjudicaciones hasta el 9 de diciembre, porque “no tiene fundamento jurídico” y “viola la división de poderes del Estado”.

La decisión judicial se conoció este lunes y fue motivada por una medida cautelar solicitada por el gobernador electo, Claudio Poggi.

Cattáneo resaltó que, como abogado de la Provincia, solo fue notificado por un oficio judicial de la medida tomada por la jueza, ya que el expediente se mantiene en reserva. “Intentamos ingresar para ver el planteamiento y qué motivaciones tuvo la jueza para dictar semejante resolución, pero sigue reservado. Presentamos un escrito solicitando el levantamiento de la reserva”, señaló.

El letrado explicó que el carácter de reservado del expediente (que impide el acceso salvo para la misma jueza y para el demandante) debió ser levantado una vez que la otra parte fue notificada de la sentencia.

“Esta es una medida cautelar dictada inaudita parte; o sea, la jueza para dictarla solo escuchó a una de las partes. Se presentó Claudio Poggi solicitando una medida que no conocemos; no conocemos qué pidió el amparista”, detalló Cattáneo.

En este sentido, indicó que solo pudieron conocer algunos ítems de la argumentación planteada por Poggi que se incorporaron en los considerandos del fallo de la jueza Bona.

De todas maneras, Cattáneo analizó que “el fallo no tiene ningún fundamento jurídico, son todas disquisiciones, apreciaciones, análisis político; parece que cuestiona los aumentos de sueldo, el tema de la Coparticipación municipal, los subsidios a las escuelas públicas de gestión privada; cita dos obras que ya están suspendidas; hace todas apreciaciones de carácter político, no es un tema que se pueda discutir judicialmente; está violando la división de poderes, es una injerencia judicial en la política del Gobierno”.